Las Cámaras de Comercio en la República Dominicana existen desde el siglo XIX. Pero, si bien su existencia legal se remonta a la ley del 1942 sobre Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias de la República, las funciones y formalidades relacionadas al Registro Mercantil no les son atribuidas hasta la introducción de la Ley No. 5260 sobre establecimiento de empresas comerciales o industriales, registro mercantil e inscripción mercantil.

 La Ley 50-87 define a las Cámaras de Comercio y Producción como: “instituciones con personalidad jurídica y carácter autónomo que sin fines de lucro estarán destinadas a favorecer el desarrollo y estabilidad de las actividades económicas del país y especialmente la de aumentar el bienestar y el progreso general dentro de sus respectivas jurisdicciones”.

A través del tiempo, al promover y organizar las personas dedicadas a las actividades comerciales, industriales y de servicio, las Cámaras de Comercio y Producción en la República Dominicana fueron empezando a custodiar copias de los documentos constitutivos de muchas de esas entidades, en razón de que esos eran aportados a los archivos de esas entidades gremiales para formar parte del bloque de asociados de las mismas, brindándoles reconocimiento en el plano privado.

El reconocimiento público de las sociedades comerciales y sus documentos de la vida social, es decir, el efecto de la oponibilidad a terceros y el valor probatorio de esos documentos lo otorgaban las oficinas de Registro de los Ayuntamientos Municipales con el registro y archivo público.[2]